La soberanía digital vista por el Partido Popular
Aparentemente Estéban González Pons y el resto de populares firmantes del llamado Manifiesto de Valencia opinan que los datos de los españoles forman parte de la soberanía nacional, y no deberían salir de España. En la Carta de Derechos en Internet publicada por el diario El Mundo no dice nada del tema; fue algo que extemporizó González Pons ante la prensa. Aunque en una primera aproximación parecía que el senador del PP hablaba sólo de los datos de las administraciones públicas, de la nota de prensa de EFE (que firma los artículos tanto de El Mundo como el de El País arriba enlazado) se desprende que Pons dijo que las redes sociales que quieran operar en España bajo un futurible gobierno del Partido Popular tengan que mantener servidores en el territorio español donde guardar los datos de los españoles, convenientemente separados de los de los usuarios extranjeros del servicio. Eso, o la corresponsalía de EFE tiene que tomar las notas más claritas para no liarse luego.
No deja de ser ridículo que un partido con esperanzas de gobernar se suelte con un manifiesto. Los manifiestos los escriben quienes no tienen otra salida para sus ideas: herejes, poetas, visionarios, ciudadanos cabreados. Los partidos políticos en la oposición de un régimen democrático lo que deben escribir es un programa político con promesas tangibles al electorado. Mi sospecha es que el Manifiesto tiene la ventaja sobre las promesas en que los manifiestos sólo son para exigírselos a los demás, y ni siquiera implican intención de cumplirlos. En el mejor de los casos, es un brindis al sol. En el peor, un señuelo.
Mientras tanto, está bien que González Pons se preocupe por cómo tratan Facebook y Google a los españoles, que por otra parte es igual de mal que tratan a los ciudadanos de otros países. No está tan bien que considere los datos personales de los españoles como parte de la soberanía nacional, sobre todo porque el que Facebook tuviera los servidores en España no serviría en absoluto para que putearan menos a sus usuarios. ¿O sí?
Para convertir esta Carta de Derechos en Internet y las declaraciones ante la prensa de su portavoz en un programa electoral, convendría dar más detalles con los que los votantes podamos decidir si nos convence la política digital del Partido Popular. He aquí unas preguntas con las que espero se clarifique la gestión de esta nacionalización de los datos privados de los españoles:
- Si gana el PP las próximas elecciones, ¿prohibirá la ley que los españoles se abran cuentas en redes sociales y servicios online que no tengan servidores en España? ¿Cuál será la pena por hacerse uno de Facebook?
- Soy ciudadano español pero vivo en Australia: ¿tendré derecho a albergar algunos de mis datos en servidores australianos? Lo digo porque me preocupa que me prohíban darme de alta en la Seguridad Social, pagar mis impuestos o hacerme socio de la piscina municipal. Y si sólo se me prohíbe hacerme socio de ciertos servicios, ¿en cuáles sí puedo almacenar mis datos y en cuáles no? ¿Los podré mantener si me vuelvo a vivir a España?
- Barrapunto es una empresa española. Los servidores están en España, pero mañana podríamos decidir contratar un servidor en Francia, o en Alemania. ¿Cómo afecta esta soberanización de los datos de los españoles a mi libertad de contratación dentro del territorio de la Unión Europea? O a lo mejor queremos contratar un servidor en Estados Unidos, en Argentina o en México. ¿Cómo afectan los principios del Manifiesto de Valencia a los tratados de libre comercio con países extracomunitarios?
- Facebook y Google deciden que no van a abrir sede virtual en España, que los servidores están bien donde están. ¿Se les cortará el acceso a los españoles? ¿Se intentará influir sobre la legislación de EEUU para que firmen con España un tratado de reciprocidad, y sea la justicia estadounidense la que obligue a montar servidores en España o expulsar a los usuarios españoles de su servicio?
- Mañana Ecuador, Bolivia o Argentina deciden que los datos de sus ciudadanos también son parte de su soberanía nacional. ¿Obligaría el gobierno del PP a que Telefónica mantenga centros de datos en esos países para poder albergar los datos que sus ciudadanos albergan en la red social Tuenti?
- ¿Afecta esta soberanía nacional de los datos de los españoles también a las cuentas bancarias albergadas en bancos en el extranjero?
- Si son Mexico, Perú, Uruguay o Brasil quienes hacen una ley similar, ¿firmaría el gobierno del PP convenios internacionales que obligaran al Banco Santander a nunca transmitir un solo dato de los clientes de estos países fuera de sus respectivos territorios nacionales?
Estoy seguro de que, en cuanto el Partido Popular haya contestado todas estas preguntas a satisfacción de los votantes, se pondrán con lo de la transparencia que conserva los secretos de los contratos públicos, la seguridad de las comunicaciones y la libertad de expresión que garantizan también el derecho a la dignidad y la reputación en la red, la reforma de las leyes de propiedad intelectual con un mayor equilibrio entre los derechos de los autores y de los ciudadanos, la cuadratura del círculo y el resto de puntos no contradictorios del Manifiesto.