No es espectáculo común ver al lider de un país desautorizando una propuesta de su propio gobierno en rueda de prensa pública. Menos habitual es aún que esta desautorización sea la respuesta a un documento anónimo publicado en Internet. La imagen televisiva del Presidente del Gobierno de España José Luis Rodriguez Zapatero dando una apresurada marcha atrás y desmintiendo a su propia ministra de Cultura Ángeles González-Sinde es un hito en la relación entre la Sociedad Civil y un gobierno democrático.
Portada de la edición de hoy del diario Público
El lunes 30 de noviembre el Gobierno hacía público su Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. El martes 1 de diciembre el diario El País señalaba las enmiendas a la LPI y a la LSSI que determinaban la intención del Gobierno de establecer un procedimiento administrativo (una comisión dependiente del Ministerio de Cultura, nada menos) para la suspensión de páginas web. Esto provocó que un grupo de periodistas, profesionales y activistas se reunieran (electrónicamente, desde todas partes del mundo) para escribir un “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet“, que se extendió como un reguero de pólvora por toda la Web hispana (y parte del extranjero) a partir de las 9 horas de la mañana del miércoles 2 de diciembre.
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En apenas unas horas decenas de miles de páginas web se hacían eco del manifiesto que empezaba afirmando que “los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos” y que “la suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial”, para acabar dando un varapalo a la forma encubierta en que se habían presentado las enmiendas, cerrando con un punto que decía: “en democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público”. Las asociaciones del copyright y el ministerio de Cultura también respondieron con prontitud: la Coalición de Creadores, organización que promovía la legislación propuesta, llegó a acusar a los autores del manifiesto de tenerlo preparado de antemano y de haber “aprovechado la ocasión para arremeter contra el Gobierno”. Por su parte, desde el Ministerio de Cultura se convocó a una reunión con la ministra a algunas de las principales voces contra los abusos de las industrias del copyright, entre los que también se contaban algunos coautores del manifiesto.
En la mañana del jueves 3 de diciembre se produjo la reunión en el Ministerio de Cultura con una ministra Sinde que intentó en todo momento suavizar la interpretación de su propuesta, aunque sin negar lo fundamental. Según sus portavoces, habría ocasiones en las que los cortes los podría tener que dictar un juez, pero que esta decisión se dejaría a juicio de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, o sea, que los jueces estarían supeditados a la autoridad administrativa. Los convocados en representación de las decenas de miles de firmantes del manifiesto no saliron demasiado contentos de la reunión, aunque el día todavía había de depararles alguna alegría.
El mismo jueves, el ex-presidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo declaraba que derechos fundamentales como la libertad de expresión, de conocimiento o de opinión “no pueden quedar en manos del poder ejecutivo, de la administración”, añadiendo que si hay una comisión “no puede ser administrativa, nombrada por el ministro”, sino que tiene que “tener un control judicial directo o indirecto”. El ministro de Justicia Francisco Caamaño también se manifestó, asegurando que la respuesta administrativa habría de ser proporcional a la gravedad de la situación, pero que en todo momento debería contar con el control y autorización judicial. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, salía en rueda de prensa declarando que “siempre debe prevalecer la libertad de expresión” y que no se cerrarían páginas web sin autorización judicial, que la propuesta era sólo un borrador y que “si hay que modificarla, se hará”.
Esta tormenta, transcurrida en menos de cinco días, es un ejemplo de cómo Internet hace obsoletos los modelos tradicionales de procesamiento de la información. No olvidemos que la democracia parlamentaria es en sí misma un sistema de gestión de la información. Mi amigo Pepe Cervera suele decir que uno de los problemas del modelo parlamentario es que es una tecnología del Siglo XIX: una provincia escoge a un diputado que toma una diligencia hacia Madrid, y un año más tarde vuelve (de nuevo en la diligencia) con una ley debajo del brazo. Este es el modelo del que se aprovechan los grupos de presión tradicionales, como en este caso el lobby de las industrias del copyright, para desvirtuar el interés común y favorecer sus intereses creados.
La tecnología no es la solución automática a problemas sociales, pero puede ayudar a crear soluciones sociales a esos problemas. Quizá no estemos preparados para una democracia puramente asamblearia, pero sí que está bien que la ciudadanía pueda usar las herramientas a su disposición para contrapesar la excesiva fuerza de los grupos de interés privados. El copyright y las descargas no son más que anécdotas, y se equivocan quienes opinan que todo esto ha sido “en contra de la SGAE”. Es en contra de la injerencia de los intereses privados en la cosa pública, de las prácticas legislativas modelo “gato por liebre”, de la improvisación y la chapuza. Tampoco fue “en favor de las descargas gratuitas” sino en defensa de los derechos fundamentales, a favor de la separación de poderes y en apoyo de la petición de responsabilidad política por parte de los cargos electos y de sus designados directos.
Es un asunto de buena gobernanza. No sólo tenemos los políticos que nos merecemos: también somos la ciudadanía que nos merecemos. Sea cual sea la gota que colme el vaso, es bueno ver que estamos de acuerdo en algunos asuntos fundamentales.